290x290_karmaEn Consumity creemos que el que la hace, la paga. Y el que nos amenaza… no consigue nada.
Por eso en el #EpicFailConsumity de cada mes maldecimos a quien se lo merece y le plantamos cara.

Ahora puedes movilizarte: entérate de las guerras que estamos luchando y apóyanos en aquellas que te parezcan más justas. Porque juntos somos más fuertes.

Protestar es el primer paso para combatir las injusticias, y nosotros te defenderemos seas de donde seas.

 

Este mes… OCU contra Vodafone

Todos hemos pensado alguna vez que seríamos ricos si nos pagaran un euro por cada vez que ese teleoperador pesado nos llama para camelarnos con alguna nueva súper oferta que no hemos solicitado. Sin embargo, no contentos con hacernos soportar esta molestia sin pagarnos un céntimo, en Vodafone han decidido empezar a cobrar 2,50 € cuando son sus clientes los que llaman para realizar consultas o gestiones tan habituales como preguntar por el tiempo de permanencia, pedir el PIN o PUK o solicitar un duplicado de factura. La alternativa: realizarlas a través del área de cliente de la web o la App de la compañía.

Desde OCU nos parece inaceptable e ilegal, ya que esta medida resulta disuasoria para el consumidor, que acabará pagando una tasa superior a la tarifa básica por la llamada, lo que es contrario a la Ley. Además, es discriminatoria porque castiga especialmente a determinados colectivos no usuarios de nuevas tecnologías como personas mayores y personas con discapacidad visual, atentando contra el principio de accesibilidad universal.

Por ello, hemos denunciado a Vodafone ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid.

Movistar y Orange también han realizado cambios durante este mes, volviendo a subir unilateralmente el precio de sus tarifas convergentes. En casos como estos en los que son las compañías las que no cumplen lo prometido, recordamos que como usuario tendrás todo el derecho a romper con ellas, quedando anulado el compromiso de permanencia, buscarte una nueva tarifa e incluso irte con otra compañía. Lástima que, a diferencia de lo que sucede en el caso contrario, los consumidores no tengamos derecho a que se nos pague una indemnización por incumplimiento.